En nuestro país, el Ministerio Público como institución estatal responsable de investigar los delitos, fue creado con la Constitución Política de 1904, la cual configuró la personalidad jurídica del naciente Estado Panameño. Su desarrollo anterior y su afianzamiento institucional se reflejó en la legislación positiva patria, al ser regulado su funcionamiento, junto al de los Tribunales Jurisdiccionales, en la Ley 2 de 1916, por medio de a cual se adoptó el Código Judicial.

Su naturaleza jurídica, contrario a lo que se puede afirmar, defiere de las otras instituciones del estado, puesto que mientras aquellas son parte integrante de alguno de los tres órganos o poderes en que se sustentan los mismos, el Ministerio Público es un órgano que no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, ni conforma un cuatro poder independiente, sino que es una entidad autónoma que participa dentro del proceso Administrativo de Justicia por razón de la facultad constitucional y legal de ejercer la acción penal a nombre del Estado.

De 1904 a 1968 esta institución desplegó su actividad y gestión dentro del marco de las exigencias de una sociedad en desarrollo, que aún no conocía los grandes desafíos que, en materia criminal le impondría su propia evolución.

Con la adopción de la Constitución de 1972 se inaugura una nueva situación, que se reflejó, más que nada, en el cambio de períodos para el cual se nombran los Procuradores, que se redujo a seis años, lo que fue aumentando a diez años, nuevamente, al ser reformada dicha Constitución por los actos reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, que significó además un avance en su organización con la creación de nuevas agencias de instrucción u otros estamentos dentro de su estructura administrativa, que coadyuvaran a hacer más dinámica y efectiva su labor, como respuesta a las complejas tareas que se le planteaban.

Es así como vemos que en el transcurso de los años , sufrió cambios en cuanto a su estructura organizativa y procedimental, todos dirigidos a afianzar su independencia en el proceso judicial. Sin embargo, sabemos que a la par de esas reformas, se encuentran la lucha por mantener el equilibrio entre los criterios profesionales de desempeño y la responsabilidad que frente a la comunidad tiene.

Con el fin de concentrar estos criterios, el Ministerio Público, a través de la iniciativa legislativa del Procurador General de la Nación, ha impulsado la adecuación legislativa, logrando la aprobación de leyes importantísima que sirven de modelo a otros países de la región.

Entre esta podemos mencionar la ley 16 de 9 de julio de 1991 por la cual se aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial como dependencia del Ministerio Público, la Ley 13 de 27 de julio de 1994 (ley de Drogas) que reforma adiciona y modifica la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, que amplía e implementa la estructura y administración de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) crea otros tipos penales con los que se les da marco legal a procedimientos que son utilizados en la lucha contra el narcotráfico , la Ley 27 de 16 de junio de 1995 que regula lo concerniente a la Violencia Intrafamiliar y el Maltrato de Menores y la Ley 15 de 12 de diciembre de 1995, por la cual se tipifica el delito de posesión y comercio de armas prohibidas y se modifican y adicionan artículos del Código Penal.

En desarrollo de estas normativas se creó la Fiscalía Especial que atiende los casos que han conmocionado la comunidad, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y sus cinco agencias, las Fiscalías Especializadas en Familia.

Igualmente, la Fiscalía Décima del Circuito fue creada en septiembre de 1996 y designada por la Procuraduría General de la Nación, para conocer la mayoría de las sumarias por delitos contra la propiedad intelectual, que se hayan cometido en el Primer Circuito Judicial de Panamá.

Asimismo, se ha presentado para la consideración de la Asamblea Legislativa ”El Proyecto de Ley sobre juicios con intervención de jurados “, “Proyectos de Ley sobre Principio de Oportunidad, Proyecto de Ley por la cual se reforman el Código Judicial, se reforma y adicionan nuevos delitos al Código Penal y adoptan otras disposiciones tendientes a cambiar las diferentes formas de corrupción.

Se mantiene hoy día una Institución que dirige sus pasos hacia el logro de todos los objetivos que se ha planteado con miras a brindarle mayor capacidad de respuestas a una comunidad que clama por ello, manteniendo siempre su autonomía de gestión, que entre otras cosas, garantiza su independencia.